El Derecho y las barreras de comunicación: la sordera en los tribunales

El derecho y las barreras de comunicación: la sordera en los tribunales

Hoy, 23 de septiembre, es el día Internacional de la lengua de Signos y con motivo de este día me gustaría hacer una reflexión, pues, me he encontrado ante una barrera profesional muy grande en la atención a las personas con discapacidad auditiva.

En el ejercicio de la abogacía nos enfrentamos a retos jurídicos todos los días. Sin embargo, hay otros retos invisibles que pocas veces se mencionan: las barreras de comunicación.

Tuve recientemente un asunto con un cliente sordo. La experiencia fue profundamente reveladora y, a la vez, frustrante.

Cuando un abogado explica a un cliente cuestiones jurídicas abstractas —por ejemplo, la diferencia entre una acción declarativa o una condena, los plazos procesales, o la función de un recurso— ya de por sí requiere claridad. Pero hacerlo a través de un intérprete de lengua de signos añade un nivel de complejidad inmenso. No sólo se trata de traducir palabras, sino conceptos, matices y procesos que muchas veces no tienen equivalentes sencillos en lengua de signos.

El problema no termina ahí. El funcionamiento práctico de los tribunales tampoco está pensado para las personas sordas. Pongamos un ejemplo: una persona sorda recibe una citación para acudir a juicio. Si ese día no tiene disponible a un intérprete (recordemos que no siempre puede disponer de uno de manera inmediata), se encuentra ante un muro. Probablemente la solución procesal sea suspender la vista… pero ¿Cómo lo comunica a los funcionarios o al propio juez, si ni siquiera puede expresarse directamente en ese momento?

Como abogada, una de las sensaciones más duras es la de incapacidad de ayudar plenamente. Porque aunque el cliente tenga el derecho a comprender y participar en su proceso, el sistema judicial español no está dotado de los medios suficientes para hacerlo efectivo.

• No existe formación específica en las facultades de Derecho ni en el acceso a la profesión sobre cómo trabajar con personas sordas.
• No hay recursos sistemáticos en los juzgados que garanticen un intérprete siempre que sea necesario.
• El derecho de defensa se ve comprometido porque la barrera lingüística puede impedir que la persona entienda lo que está ocurriendo en un procedimiento que le afecta directamente.

Es necesario reivindicar una justicia accesible y real, que no deje a nadie fuera por no oír o por no poder expresarse con las herramientas mayoritarias.

El derecho de defensa y el acceso a la justicia deben ser iguales para todos. Hoy, las personas sordas siguen encontrándose con un muro demasiado alto.