Disfrazarse de Policía, Guardia civil, bombero, o en general cualquier otro profesional asociado con un uniforme oficial, particularmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no constituye, en sí mismo, ningún delito.

       No obstante, en aquellos casos en los que se trate de un uniforme real o de una réplica exacta, o en aquellos casos en los que se use públicamente un uniforme, traje o insignia que atribuyen el carácter oficial, si puede ser constitutivo de delito. En concreto, del artículo 402 del CP, como una usurpación de funciones que castiga al que “El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

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        De igual modo ocurriría en aquellos casos en los que, usando un disfraz, se hace pasar por uno de verdad, por ejemplo: disfrazado de policía dirigiendo el tráfico o pidiendo identificaciones, o de médico o enfermera dentro de un centro de salud, haciendo creer que se trata de un profesional facultativo.